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Anónimo – 1812. ¡Viva La Pepa! (PDF)

Anónimo – 1812. ¡Viva La Pepa!

Anónimo - 1812. ¡Viva La Pepa! (PDF)

Anónimo – 1812. ¡Viva La Pepa! (PDF)

Introduccion del Libro Aristófanes – Las Avispas (PDF)

Con España invadida por los franceses y en plena Guerra de la Independencia, el Consejo de la Regencia convocó Cortes Generales en Cádiz, que se inauguraron el 24 de septiembre de 1810 con la asistencia de cerca de un centenar de diputados de las distintas provincias españolas, de América y Filipinas. Ese día fueron en su mayoría suplentes, puesto que las distancias y el estado de guerra que entonces se vivía en el país impidieron a muchos parlamentarios asistir al acto inaugural. Desde el primer momento se adoptó el principio de soberanía nacional y la división de poderes, aunque estos recayeron en las propias Cortes durante el tiempo en el que permanecieron reunidas.

Las Cortes de Cádiz tuvieron un carácter popular. Las sesiones fueron públicas, excepto aquellas en las que se abordaban cuestiones secretas de Estado, y por primera vez en la Constitución se produjo una identificación entre el concepto de nación y pueblo español, hecho que ocurrirá posteriormente en las Constituciones de 1869, 1931 y en la de 1978.

Aprobada el 19 de marzo de 1812 por los 184 diputados presentes en Cádiz, la Constitución, en sus 384 artículos, proclamó la soberanía nacional: “La soberanía reside esencialmente en la nación, y por lo mismo pertenece a ésta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales” (art. 13); reconoció a Fernando VII Rey de las Españas “por la gracia de Dios y la Constitución”; definió la nación española como “la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios”; y estableció la división de poderes haciendo recaer el legislativo en las Cortes (art. 15: “La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey”), el ejecutivo en el Rey (art. 16: “La potestad de hacer ejecutar las leyes reside en el Rey”), y el judicial en los tribunales (art. 17: “La potestad de aplicar las leyes en las causas civiles y criminales reside en los tribunales establecidos por la Ley”).

Entre los derechos fundamentales recogidos, destacaba la libertad de pensamiento y de imprenta, y la abolición de la Inquisición. Las Cortes, de carácter unicameral, no querían romper con la tradición monárquica española, aunque sí pretendían acabar con los poderes absolutos del Rey. En este sentido, dos citas vienen a corroborar estas intenciones. Una de Jovellanos, recordando a los parlamentarios la autoridad del Rey: “No deben perder de vista que a la nación congregada toca sólo admitir o proponer; pero al Soberano es a quien pertenece la sanción”. Otra, la de Agustín Argüelles, pronunciada en un discurso ante las Cortes el 18 de agosto de 1811: “La experiencia ha demostrado hasta la evidencia que no puede haber libertad ni seguridad, y por lo mismo, justicia ni prosperidad, en un Estado en donde el ejercicio de toda autoridad está reunido en una sola mano. Su separación es indispensable”.

La Constitución de 1812 suprimió la representación por estamentos y estableció una designación de los diputados por cada 60.000 habitantes elegidos por método indirecto.

Podían ser diputados todos aquellos españoles hombres, mayores de 25 años y poseedores de una determinada renta. Se fijó que las Cortes debían reunirse tres meses al año, y se creó una diputación permanente, compuesta por siete miembros, cuya función era la de velar el cumplimiento de la Constitución y la convocatoria de Cortes extraordinarias.

La Constitución de Cádiz recogió, por primera vez, una organización de gobierno en la que todas las funciones estaban reguladas. El Rey gobernaría, aunque asistido por siete ministros y un Consejo de Estado compuesto por 40 miembros.

Se trataba, sin duda, de un código capaz de construir un sistema de gobierno moderno.

Sin embargo, el regreso de Fernando VII en 1814 y su marcado absolutismo, acabaron con las esperanzas de los españoles. El 4 de mayo de ese mismo año, el Rey declaró la nulidad de la Constitución de Cádiz, así como toda la legislación elaborada por las Cortes “como si no hubieran pasado jamás tales actos y se quitasen de en medio del tiempo”.

En 1820 hubo un intento liberalizador con la sublevación del coronel Rafael Riego y la proclamación de la Constitución de 1812. Entonces, Fernando VII, obligado por los hechos, diría: “marchemos francamente, y yo el primero, por la senda constitucional”. El trienio liberal, como así se ha conocido este período, finalizó en 1823 con la ayuda de los Cien mil hijos de San Luis, un cuerpo expedicionario francés que acabó con las pretensiones liberales españolas y liquidó un gobierno y unas Cortes que fueron incapaces de consolidar el régimen.

En 1823 comenzó lo que los historiadores han denominado la Década Ominosa, por la represión que el rey absolutista ejerció y la persecución de toda persona o idea sospechosa de liberal. En 1833 murió Fernando VII y accedió al trono su hija Isabel II, una niña de dos años cuya regente, su madre la Reina María Cristina, se vio obligada a aprobar una ley fundamental que le evitase reconocer la Constitución de 1812.

Título: 1812. ¡Viva La Pepa! (PDF)
Autores: Anónimo
Tipo: Libro
Idioma: Español
Peso: 357 KB
Formato: PDF

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Anónimo - 1812. ¡Viva La Pepa! Introduccion del Libro Aristófanes - Las Avispas (PDF) Con España invadida por los franceses y en plena Guerra de la Independencia, el Consejo de la Regencia convocó Cortes Generales en Cádiz, que se inauguraron el 24 de septiembre de 1810 con la asistencia de cerca de un centenar de diputados de las distintas provincias españolas, de América y Filipinas. Ese día fueron en su mayoría suplentes, puesto que las distancias y el estado de guerra que entonces se vivía en el país impidieron…

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